El
partido de la Unión Demócrata Independiente (UDI) propone un proyecto de ley
que repondría la pena de muerte. Dos días después del aniversario del golpe de
Estado en Chile, el partido político que apoyó al régimen militar en toda su
extensión (incluyendo las violaciones a los DDHH) proclama su intención de
restaurar la pena capital, derogada desde 2001 en Chile.
La UDI,
un partido político que dice defender la vida y que utiliza ese argumento para
oponerse al debate sobre la legislación del aborto, incluso en aquellos casos
donde la vida de la madre y/o del hijo están en peligro. Un partido que se
arroga el derecho de decidir que existe un "orden moral objetivo", basado
en principios del ámbito religioso que son representativos de un sector de la
sociedad. Un partido que declara como esenciales "el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica
de toda persona", pero que guardó silencio cuando miembros de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros ("símbolos de la unidad en Chile") torturaban, ejecutaban o encarcelaban a sus propios compatriotas
bajo el ojo complaciente del régimen militar.
La UDI,
un partido político que está dispuesto a votar a favor de una ley que viola la
Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José (entre otros
acuerdos y tratados internacionales ratificados por Chile), pero que a la vez
no dudó en argumentar "razones humanitarias" para defender al
dictador Augusto Pinochet cuando éste fue arrestado en Londres.
La UDI,
un grupo de personas que defiende los derechos humanos de aquellos que
pertenecen a su misma casta. Un partido creado por Jaime Guzmán a la medida del
régimen militar, que defendía la pena de muerte porque "lo esencial es una
cuestión de justicia". Una justicia que para Guzmán se traducía en
compensación a través de la venganza y en un castigo "ejemplar".
Siguiendo la lógica del señor Guzmán, entonces todos los miembros de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros que cometieron ejecuciones extrajudiciales
durante la dictadura debieran ser condenados a la pena capital.
La UDI,
un partido político que se jacta de ser "popular", pero que no duda
en proponer el aumento de las penas por agresiones contra Carabineros en
servicio: así, el resto de los civiles pasaría a una "segunda
categoría", una que no ha sido tocada por el privilegio de pertenecer a
dicha institución. El partido popular se ofrece a sí mismo la superioridad
moral suficiente como para determinar qué ciudadanos merecen vivir o morir en
nuestra sociedad, tal y como lo hicieron ciertos partidos nacionalistas en la
época de entre guerras.
A través
del mundo entero se ha demostrado que la pena de muerte es una medida discriminatoria, que se emplea a menudo y de forma desproporcionada contra las
minorías mas vulnerables de la sociedad. Para partidos políticos como el aquí
citado, la utilización de este "castigo" responde a la necesidad de
proponer soluciones radicales a problemas profundamente arraigados en nuestras
sociedades: la pobreza, la delincuencia y la drogadicción, por mencionar
algunos. Sin embargo, imponer esta medida extrema como lo es la pena de muerte
no implica necesariamente una disminución o desaparición de dichos problemas,
puesto que no se reforma la estructura social desde la raíz para conseguir una
evolución positiva.
Como
cualquier otra solución parche, ejecutar para "dar el ejemplo" no
disminuye ni la tasa de homicidios, ni la violencia social. Cito un ejemplo:
para el año 2003 en Canadá, 27 años después de la abolición de la pena de
muerte, el índice de asesinatos había descendido un 44% con respecto a 1975
(fuente: Amnistía
Internacional).
En
resumen, estimada UDI: los derechos humanos no le pertenecen a un puñado de
ciudadanos solamente, y la pena de muerte no disminuirá la violencia social que
ustedes mismos han ayudado a exacerbar.